Los consulados italianos cambian las reglas y excluyen los certificados con terceros declarantes, lo que dificulta aún más el reconocimiento de la ciudadanía.
Con apoyo unánime, el Parlamento italiano aprueba una ley que acelera la expedición de pasaportes y refuerza la integración de 7 millones de italianos en el extranjero.
El STJ permite el registro tardío del matrimonio religioso desde 1894, lo que permite al bisnieto utilizar la unión en su expediente de ciudadanía italiana.
El senador Mario Borghese propone una enmienda para bloquear un nuevo impuesto a la ciudadanía italiana, considerado discriminatorio e inconstitucional.
De aprobarse, la medida castigará a los abogados que no paguen honorarios en los procesos de ciudadanía italiana, liberando a los clientes de costes imprevistos.